No a la autocomplacencia en el activismo de ciudad parte I: sobre el Derecho a la movilidad

Un disclaimer para las y los misóginos: este post estará plagado de argumentos para decir lo que digo. Les sugiero, antes que hacer corajes, proporcionar contraargumentos y que llevemos esto al debate de lo público. Por otra parte, evítense la pena de utilizar misoginia para referirse a mi persona (lo cual sería, más bien, una falacia ad hominem). Sí, evítense la pena ustedes de ser misóginos y misóginas. ¡Empezamos!

Como activista y especialista, la autocomplacencia es una cosa que me causa terror. ¿Por qué? Porque nos impide mejorar y hacer evaluaciones y autocríticas de nuestro trabajo. Se convierte en una burbuja donde amigos y compañeras nos dicen que lo estamos haciendo todo bien. Entonces nos damos palmadas en la espalda y, en la emoción de la acción en calle o una buena noticia, nos obnubilamos y cerramos a la posibilidad de haber cometido errores o de poder hacerlo mejor. En esta serie de textos analizo este fenómeno en círculos cerrados del activismo en movilidad y hago una serie de propuestas.

Primero, la semana pasada, en nuestra pequeña y cerrada burbuja del activismo de movilidad y ciudad se habló del derecho a la movilidad. Segundo, ayer domingo 18 de octubre del 2020 vimos una manifestación en la Plaza del Monumento a la Revolución que parecía emular una manifestación holandesa de principios de la década de los setenta. En ambos casos tuve críticas y autocríticas, que comparto aquí. En la primera parte de este texto a dos partes hablo del derecho a la movilidad y en una segunda entrega hablaré sobre las estrategias de incidencia del activismo en manifestaciones públicas.

Un avance

Sobre el -por garantizarse constitucionalmente- Derecho a la Movilidad sobra decir que se trata de un proceso legislativo que aún tomará tiempo. Inició en el Senado de la República, después bajo a la Cámara de Diputados (donde también se aprobó) y ahora pasa a los congresos locales. Se necesita que 1+ del 50% de los Congresos aprueben la Reforma para que ésta sea una realidad en la Constitución, es decir, aún no hay que cantar victoria, necesitamos que al menos 17 Congresos locales aprueben la reforma.. A groso modo se trata de una reforma constitucional a dos artículos: el 4° y el 115.

Se trata, por supuesto de un avance. Un avance que. aún en su ausencia, sí llevó a la creación de diversas leyes locales de movilidad o que incluían a la movilidad y a los distintos usuarios de la vía en distintas normativas como los reglamentos de tránsito. Empezaré con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México de 2015 o la Ley de Moviilidad de Colima entre muchas otras que desde cabildos y congresos locales (y con el empuje de funcionarios y funcionarias locales) lograron la creación de estos instrumentos.

No tan rápido, falta mucho por hacer

Esta reforma es un avance porque siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ley máxima, sí es importante que ésta esté a la vanguardia en derechos. Es importante comprender que hay una evolución natural en los derechos que la actualidad demanda. Sin embargo, ahí está uno de los detalles: ¿por qué no hay una demanda masiva de la garantía del Derecho a la Movilidad? El que sea un tema de mayorías y que nos ocupe a muchas personas, que nos indigne a un amplio sector de la sociedad debe ser una primer gran meta y, sin embargo, no es lo que sucede actualmente. El que el Derecho a la Movilidad sea reconocido en la CPEUM es un primer gran paso rumbo a la pedagogía de este derecho y es un tema en el que deberemos trabajar los próximos años.

El segundo tema pendiente está en que, si bien el que 115 (el artículo que sustenta el municipalismo en el país) mandate a municipios a crear instrumentos que garanticen este -por incorporarse- Derecho, el detalle estará en que hablemos del modelo financiero del municipio que es cada vez más difícil de sostener y que recauda poco. Es decir, para que este derecho se garantice a nivel local, debe crearse política pública y para que esto suceda debe haber proyectos, programas, presupuestos, evaluación y constantes mejoras. Favor de poner especial atención en la palabra presupuesto: los proyectos de movilidad de alto impacto y beneficios en la vida de las personas suceden gracias a que se implementan y, para que esto suceda, debe haber dinero. Para que haya dinero, municipios deben recaudar (y actualmente lo hacen mal, con algunas contadísimas excepciones).

Por ejemplo, qué importante es implementar proyectos tan sencillos como la rehabilitación y remodelación de banquetas para mejorar la calidad de vida de quienes caminan que, en este país, son mayoría y son niños, niñas, personas mayores y con discapacidad y mujeres. Pero para ello se necesita billulo, dinerito, cash. La CPEUM no garantiza eso (ni tiene por qué hacerlo) pero, insisto, allí está el detalle y, de bote pronto, deberíamos estar pensando que, de aprobarse, vienen décadas de la generación de jurisprudencia, de debates, de convencer gente, de hacer pedagogía y de mejora de instrumentos y procesos para la exitosa implementación de proyectos que lleven a garantizar el Derecho a la Movilidad .

Importante evitar los discursos simplones y triunfalistas. El tuit original en turco, por cierto, dice: «Diputado del Partido Movimiento Nacional, pidiendo la promulgación urgente de la «Ley General de Seguridad Vial» por el derecho al transporte seguro, mejoramiento de la infraestructura vial urbana y prevención de accidentes de tránsito @adolfotorres
acudió a la sede de la Cámara de Representantes en #Bicicleta #Mexico«

Por ello, es peligroso el uso de discursos simplones y triunfalistas que nos dicen que ya con la reforma a la CPEUM el Derecho a la Movilidad se garantiza y no es así. Decirlo de esa manera, sin ver el enorme trabajo que viene en los próximos años, es mera autocomplacencia. Tengamos cuidado con nuestras palabras porque se corre el riesgo de convertir al Derecho a la Movilidad en un concepto guardado en un papel (la misma Constitución), sí, aunque se vea reflejado en leyes secuandarias. Para muestra un botón: veamos las instituciones e instrumentos normativos que se han creado a partir del reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la violencia de género y del feminicidio: desde INMUJERES, hasta la AVG (alerta de violencia de género) y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Ven? es una trampa creer que una reforma garantiza, por sí sola que una realidad social que queremos cambiar se transforme. Ni una reforma, ni una ley ni un instituto nuevo sonb garantía por sí solos. Se deben crear estrategias y tener metas clarísimas.

Esto es sólo el principio. No les crean a quienes dicen que el mero reconocimiento en la Carta Magna es garantía, ¡tenemos mucho trabajo por hacer!

Eso nos lleva, como activistas y especialistas a hablar de estrategias políticas y de comunicación y de ello les hablaré en el próximo texto.


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